Piden al juez que anule el congreso del PP de Cantabria por los votos amañados con un discapacitado

Dos militantes del PP de Cantabria han presentado este jueves en los Juzgados de Santander una demanda civil en la que piden al juez que anule el congreso regional del partido, en el que María José Sáenz de Buruaga resultó elegida presidenta al sacar cuatro votos más que su rival, Ignacio Diego.

Los denunciantes argumentan que el resultado del congreso se vio alterado por una serie de irregularidades. Entre ellas, el hecho de que la candidatura vencedora utilizó a un discapacitado psíquico de Laredo para pagar de golpe las cuotas de 491 militantes, que de otro modo no habrían podido ejercer el derecho al voto.

En consecuencia, piden al juez que anule esos 491 votos que dieron la victoria a Sáenz de Buruaga. Como ha informado OKDIARIO, el ex presidente autonómico Ignacio Diego ganó las primarias del PP de Cantabria celebradas el pasado 8 de marzo, al obtener 1.568 votos frente a los 1.414 que recibió María José Sáenz de Buruaga.

Si Sáenz de Buruaga no hubiera contado con el apoyo de los 491 afiliados cuyas cuotas fueron abonadas irregularmente, la diferencia entre ambos candidatos habría sido muy superior e Ignacio Diego se habría proclamado automáticamente presidente regional del PP de Cantabria.

Como el ‘pitufeo’ del PP de Valencia

De acuerdo con los estatutos del partido, como Ignacio Diego no superó a su rival por 15 puntos de diferencia, ambos aspirantes volvieron a enfrentarse en el congreso regional del partido, celebrado el 25 de marzo en Santander. Esta vez, sorprendentemente, Sáenz de Buruaga fue proclamada presidenta al recibir el voto de cuatro compromisarios más que Diego.

Los dos afiliados que han interpuesto la demanda civil piden al juez que anule los 491 votos irregulares. La consecuencia de ello sería que Ignacio Diego se convertiría en presidente del partido, una vez descontado del resultado de las primarias el efecto de los votos irregulares.

Como ha informado OKDIARIO, desde la cuenta corriente de un discapacitado psíquico de Laredo, que vive de la caridad de sus vecinos, se realizaron en tan sólo dos días 491 transferencias de 18,03 euros (éste es el importe de la cuota anual del PP) para que otros tantos militantes del partido pudieran votar en las primarias y en el congreso regional. En total, se desembolsaron para ello 8.852 euros.

En la siguiente imagen, correspondiente a un extracto de los movimientos bancarios del PP de Cantabria, se reproducen 60 de las 491 transferencias realizadas desde la cuenta del discapacitado psíquico. Como se puede comprobar, todas las transferencias están realizadas entre el 28 de febrero y el 1 de marzo: se trata de los dos últimos días del plazo permitido para que los militantes que deseaban votar en el congreso se pusieran al corriente en el pago de sus cuotas.

El ex secretario general del PP de Laredo, Ramón Arenas San Martín, también ha denunciado estos hechos y ha pedido a la juez que aclare si la candidatura de Sáenz de Buruaga utilizó dinero negro para abonar estos 8.852 euros, cuya procedencia aún no se ha aclarado.

Es decir, Ramón Arenas solicita a la juez que aclare si se ha podido producir un presunto delito de blanqueo de capitales, similar al célebre pitufeo que provocó la imputación de todos los miembros del Grupo Municipal del PP de Valencia. Entre ellos, la ya fallecida ex alcaldesa Rita Barberá.

En cuanto a la demanda civil presentada este jueves, los denunciantes señalan que se han producido otras irregularidades en la organización del congreso regional del PP: se negó el censo de militantes a la candidatura de Ignacio Diego, se impidió votar a compromisarios natos y, en cambio, se permitió votar a otros que no aparecían en el listado oficial.

Génova no ha ayudado a resolver la crisis

Las fuentes consultadas indican que los denunciantes han esperado al último día hábil para presentar la demanda, a la espera de que la dirección del partido realizara algún gesto para resolver la situación.

Cerca de un millar de militantes del PP de Cantabria (incluyendo a 70 alcaldes y cabezas de lista) dirigieron un escrito al Comité de Derechos y Garantías del PP, en el que exponían estas irregularidades. Solicitaban que el partido anulara el congreso irregular y nombrara a una gestora, para preparar la organización de un nuevo congreso con todas las garantías legales.

Sin embargo, ni la dirección del PP en Santander ni la dirección nacional de la calle Génova han mostrado hasta ahora la menor disposición a reconducir la situación. Por todo ello, dos de los militantes directamente afectados por estos hechos han firmado finalmente la demanda civil presentada ante los tribunales.